Cuando faltan tan solo unos días para que el Estado de Israel cumpla sus primeros 75 años de vida, el país enfrenta hoy uno de sus desafíos existenciales más profundos.
Contrariamente a todos los que sobrellevó en el pasado, con ocho guerras, innumerables actos de terrorismo y la amenaza nuclear de Irán, este desafío proviene de un enfrentamiento interno de la sociedad israelí que se origina en el intento del gobierno ultraderechista de Benjamin Netanyahu de modificar el sistema judicial y concentrar el poder en el Ejecutivo. Amplios sectores, incluyendo expresidentes, militares e intelectuales, han calificado la iniciativa como un intento de cambio de régimen.
“Esta reforma busca destruir la independencia y el poder de la Corte Suprema”, dijo a la prensa el historiador israelí y celebrado autor internacional Yuval Noah Harari. “Esto es definitivamente un intento de golpe de Estado”.
La reacción de la sociedad israelí ha sido histórica y sin precedente. En las últimas diez semanas se han producido manifestaciones de alcance nacional, consideradas las más multitudinarias en la historia del país.
Pero, lejos de circunscribirse solamente a las expresiones callejeras, el intento de reforma judicial ha provocado otras reacciones jamás vistas en el país.
Estratégicos reservistas de la Fuerza Aérea israelí adelantaron días atrás que dejarían de servir si la reforma avanza. La embajadora israelí en Francia renunció a su cargo y regresó a Israel para luchar contra la reforma. Inversores del sector tecnológico retiraron este mes fondos multimillonarios, afectando el sector más dinámico de la economía israelí. Las universidades alertaron por la pérdida de libertad académica y expulsión de cerebros. Expertos en inteligencia israelí expresaron su preocupación por el futuro de la relación con Estados Unidos.
“Quién va a querer quedarse a vivir en un país sin justicia?,” dijo, en diálogo con LA NACION, Oz Benamram, un abogado israelí que hoy lidera las protestas contra la reforma judicial en Estados Unidos, donde reside aproximadamente un millón de israelíes.
En su enorme mayoría, los manifestantes participan de las protestas munidos solo de la bandera israelí, azul y blanca con la estrella de David en el medio. Aparecen ocasionalmente pancartas que igualan al primer ministro Netanyahu con los líderes de países que debilitaron sus democracias, tales como Hungría y Turquía.
Sexto mandato
Netanyahu retomó las riendas del poder el 29 de diciembre, en su sexto período de gobierno, gracias a una alianza con partidos de ultraderecha y ultrarreligiosos. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, ha enfrentado múltiples cargos en la justicia y ostenta una condena por apoyar a un grupo terrorista. Su ministro de finanzas, Bezalel Smotrich, un homofóbico confeso, recientemente pidió “limpiar” de la faz de la tierra un pueblo palestino en el que dos israelíes habían sido asesinados. Smotrich debió retractarse por la condena internacional a sus dichos.
Las actuales protestas son en favor de Israel y en contra del gobierno, señala Benamram. Y explica que esta reforma atenta contra la cohesión de la sociedad y debilita al país frente a sus enemigos externos, al forzar un cambio de régimen sin el consenso de la mayoría.
Según los relevamientos más recientes del Israel Democracy Index, un instituto cuyo presidente honorario es el expresidente israelí Reuben Rivlin, una mayoría de israelíes de origen judío, tanto de izquierda como de centro o derecha, responde afirmativamente cuando se le pregunta si cree que el sistema judicial israelí se encuentra en “grave peligro”.
Según los expertos, uno de los intereses más críticos que podría verse afectado por la reforma judicial es el vínculo con Estados Unidos, que ha sido vital para la defensa del país desde su creación en 1948.
El presidente norteamericano Joe Biden, un político de vínculo fuerte y cercano a Israel, expresó al diario The New York Times la necesidad de que el consenso sea la piedra basal sobre la cual implementar cualquier reforma fundamental en Israel.
Importantes voces del Partido Republicano también fijaron posición. Michael Bloomberg, el exalcalde de Nueva York y candidato presidencial, alertó en una carta difundida este mes sobre el perjuicio económico que esto podría representar para Israel, alegando que los inversores huyen de los países con sistemas legales débiles.
Una voz insospechada de influencias progresistas como la del conocido abogado constitucionalista Alan Dershowitz, aliado del expresidente Trump y defensor de Israel en foros internacionales, dijo en una entrevista que si la reforma se aprueba su trabajo defendiendo a Israel se tornaría mucho más difícil.
Por el momento, las partes en pugna no han logrado un acercamiento. Netanyahu ha calificado a los manifestantes como anarquistas que buscan el caos, mientras que su ministro de Seguridad Nacional los acusó de querer matar a funcionarios del gobierno.
Los intercambios obligaron al presidente de Israel, Isaac Herzog, a intervenir. Si bien el presidente israelí es una figura fundamentalmente ceremonial, el cargo conlleva mucho prestigio. Herzog presentó esta semana una reforma judicial de consenso y advirtió que el país está al borde de un quiebre. “No hay misiles, ni alarmas, ni alertas rojas pero todos sabemos que esto es un peligro nacional supremo,” dijo. El gobierno de Netanyahu rechazó la propuesta y no modificó su proyecto, que avanza a paso firme en la Knesset, el Parlamento israelí.
Puntos clave
Lo que promueve la controversia más fuerte alrededor de la reforma son dos modificaciones fundamentales a las normas actuales. Una se refiere al sistema por el cual se eligen los jueces de la Corte. En la actualidad son seleccionados por un comité en el que tienen el mismo peso el voto de jueces en actividad, abogados y políticos. El gobierno propone un cambio en ese balance de poder para que la política retenga una mayoría automática.
La otra iniciativa busca recortar el poder de la Corte Suprema para derribar una ley del Parlamento en caso de considerarla violatoria de derechos constitucionales. Si, por ejemplo, el Congreso israelí aprobara una ley discriminatoria contra la población árabe o la comunidad LGTBQ, la Corte vería prácticamente eliminado su poder para anularla. Netanyahu, que enfrenta cargos por corrupción, se vería directamente beneficiado por la reforma.
Por su parte, el primer ministro israelí y su ministro de Justicia, Yariv Levin, acusan a la Corte de tener un rol activista y dicen que es necesario equilibrar su influencia. Pese a ello, las encuestas del Israel Democracy Institute muestran que la Corte ocupa el tercer lugar como institución de mayor prestigio en el país.
Para el historiador israelí Raanan Rein, exvicepresidente de la Universidad de Tel Aviv, las protestas ya exceden la estricta reforma judicial y son una manifestación del sector secular de la sociedad de Israel contra la imposición de normas que considera inaceptables por parte de los grupos ultrarreligiosos. “Estamos más allá de esta supuesta reforma judicial,” dice Rein a este diario.
Lo cierto es que si la reforma avanza podrían suscitarse una crisis política extrema, dado que la misma Corte podría invalidar el voto. Esto dejaría al país frente a un conflicto de poderes de proporciones. Los sectores que se oponen a la reforma dicen hoy que no aceptarán las modificaciones y es imposible prever las consecuencias, que podrían ir desde una rebelión fiscal hasta renuncias a servir en las fuerzas armadas del país.
La coalición gobernante argumenta que las reformas no son inusuales en democracias liberales de Occidente, a lo cual juristas de renombre, como Yshai Blank, director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tel Aviv, responden que las comparaciones no son válidas dadas las características de la organización democrática del país.
Israel carece de muchos de los controles y contrapesos de otras sociedades occidentales. No tiene una Constitución, no tiene un sistema federal, ni elecciones regionales, y los legisladores deben su lealtad al presidente. El resultado, dicen, es que la reforma judicial concentraría todo el poder en una sola persona: el primer ministro.
En medio de la confusión, algunos observadores vislumbran un resquicio de esperanza. Blank explica que Israel podría estar ante lo que él denomina un “momento constitucional”. Es decir, una oportunidad de establecer un nuevo contrato social de consenso, redactar una carta de derechos que incluso mejore el estado de situación actual. “Pero, para que eso ocurra primero debemos frenar lo que está ocurriendo ahora”, dijo.
