La Argentina
ha demostrado un importante compromiso y liderazgo en la lucha contra el terrorismo internacional. Ejemplo de esa actitud fueron la ratificación de la Convención Interamericana contra el Terrorismo; la promulgación de la ley 26.024, que aprueba el Convenio contra la Financiación del Terrorismo; la ley 25.762 del 2008, que ratifica el Convenio contra la Represión de los atentados terroristas; la ley 26.268 contra la asociación ilícita y la financiación del terrorismo; la aprobación de una ley antiterrorista, la reorganización de la unidad de inteligencia financiera, el congelamiento de bienes en el sistema financiero argentino de grupos terroristas identificados y declarados por las Naciones Unidas como terroristas y ser el único país de América latina en convertirse en miembro pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y Gafisud, siendo reconocido por su acción como coordinador del Gafisud juntamente con Canadá.
También hay que mencionar el reconocimiento del estado argentino por su responsabilidad por los graves incumplimientos en el esclarecimiento del atentado contra la AMIA y el compromiso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hacer reformas necesarias para evitar hechos como los de la embajada de Israel y la AMIA.
El actual gobierno, que hizo de los derechos humanos uno de los ejes centrales de su política interna e internacional, tiene suficientes elementos para profundizar la lucha contra el terrorismo internacional. Si bien es cierto que nuestro país llevó el tema AMIA al organismo internacional más importante del mundo, aún quedan por explorar algunas propuestas en el ámbito nacional y regional para desde allí hacer llevar el reclamo a todos los foros internacionales. El tema atentado contra la AMIA y la cuestión Malvinas deben ser dos pilares inclaudicables de los reclamos argentinos en cualquier reunión multilatera.
A pesar de estos importantes avances en la lucha contra el flagelo del terrorismo y tomando en cuenta que ésta y otras amenazas transnacionales y globalizadas no distinguen y exoneran a territorios “neutrales” de sus acciones devastadoras, nuestra región debe convertirse en un bloque sólido de acción contra el terror y no dejar ningún espacio para acciones de violencia organizada.
Por esto, como propuesta, nuestro país podría crear una estructura nacional permanente encargada de la lucha contra el terrorismo; declarar a la agrupación Hezbollah, sindicada por la justicia argentina como la responsable de los ataques suicidas contra la embajada de Israel y contra la sede de la AMIA, como una organización terrorista; crear en nuestro país e impulsar en el resto del Mercosur y en la OEA la confección de una lista de personas, organizaciones y países que se vinculan con el terrorismo internacional e impulsar el delito de terrorismo internacional como un crimen de lesa humanidad. Con todos estas contribuciones nuestro país podría seguir su próspera historia de aportes al desarrollo del derecho internacional.
Finalmente, debería explorarse a fondo la idea de llevar la discusión sobre el terrorismo al seno de la Asamblea General y exigir que los países acusados de proteger a los terroristas accedan a que los implicados en hechos de terror sean juzgados por la justicia internacional.
* Profesor en la Carrera de Ciencia Política en la UBA y compilador de Las Nuevas Amenazas a la Seguridad editado por el CARI.
