Al cumplirse un nuevo aniversario del atentado, la Justicia aún mantiene una enorme deuda con la sociedad
Los 15 años que se cumplen mañana del atentado contra la AMIA, el peor de todos los sufridos por nuestro país, nos obligan a enfrentar y revertir el mismo y frustrante panorama de los anteriores aniversarios, que se resume con la palabra "impunidad", repetida hasta el hartazgo siempre que se habla de la voladura de la mutual judía, que mató a 85 personas y dejó un tendal de heridos.
Se suma, en esta oportunidad, un silencio suspicaz, porque por primera vez, desde el atentado de 1994, no tendrá lugar el tradicional acto recordatorio de la AMIA, la DAIA y los familiares de las víctimas debido a las medidas de prevención contra la epidemia de gripe A.
Otra de las querellantes de la causa, Apemia, hará su acto hoy para denunciar, según anticipó, la presunta voluntad del Gobierno de ponerle un punto final a la investigación del papel que cumplió el Estado durante el menemismo en el encubrimiento del atentado, tal como lo reconocieron los representantes del gobierno de Néstor Kirchner ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En esta década y media, la Justicia no ha cumplido su doble misión de identificar la verdad de lo ocurrido y, como consecuencia de esa verdad, sancionar a todos los culpables.
Se han sucedido los gobiernos, los jueces y los fiscales y, a la luz del tiempo transcurrido, los avances han sido escasos y siempre motivo de controversia. Otro tanto ha ocurrido con la causa de la voladura de la embajada de Israel, que en marzo de 1992 sentó el doble precedente de una Argentina que se mostraba como blanco fácil para estos ataques y que otorgaba impunidad a sus ejecutores.
Pero este triste panorama no debe inducir a bajar los brazos. Al contrario. No importa el tiempo transcurrido; la verdad y el castigo se tornan irrenunciables y la Justicia es el único camino.
La deuda que ella arrastra no es sólo con los distintos querellantes, sino, especialmente, con la memoria de los muertos, los heridos y sus familiares, además de toda la sociedad. En este sentido, pocos días atrás, el Congreso Judío Latinoamericano ha exigido justicia y una condena para los responsables aún impunes.
Así como el Gobierno debería poner más empeño para que se cumplan los pedidos de capturas internacionales de varios iraníes acusados, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral y la Unidad Fiscal AMIA, a cargo del fiscal federal Alberto Nisman, deben extremar sus esfuerzos para echar luz sobre la pista argentina o conexión local, y deben hacerlo sin preconceptos ni ataduras a hipótesis prefijadas, sino con una absoluta amplitud de miras y ateniéndose exclusivamente a pruebas e indicios que resistan un juicio oral. Son muchos los elementos y las pistas que obran tanto en la causa principal como en sus centenares de legajos y en las causas conexas.
A su vez, es indispensable que el juez federal Ariel Lijo, responsable de investigar las supuestas irregularidades cometidas por funcionarios de Carlos Menem y por los primeros investigadores judiciales y policiales de la causa, profundice la pista del comportamiento que habría sentado las bases de la actual impunidad. La ruta de aquella pista puede conducir a la conexión local. Canicoba Corral también debe impulsar la investigación del secuestro sufrido por un importante testigo de la causa: Claudio Lifschitz.
El reciente fallo de la Corte Suprema, que obliga a investigar de nuevo el papel del doblador de autos Carlos Telleldín, antes sobreseído, ha sido una clara señal en aquel sentido.
Es sabido que el paso del tiempo conspira contra la búsqueda de la verdad y la justicia, pero no torna imposible esa búsqueda, más aún cuando el tiempo transcurrido sin resultados concretos no sólo ha sido producto de la fatalidad.
Si este horrendo episodio no se esclarece, la Argentina seguirá mostrándose ante el mundo como un escenario vulnerable y tentador para nuevos atentados terroristas.
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