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Dos mil veces uno


Publicado por: David Salischiker el 14 Abril 2010

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Autor: 
Guillermo Lipis*
Fuente: 
Convergencia - 14-04-2010

 

Mientras no exista un recorrido crítico que satisfaga algunas posiciones indefendibles de las instituciones comunitarias sobre su accionar (o inacciones) durante la última dictadura en la Argentina, muchas serán las elucubraciones sobre de esas organizaciones durante ese período negro de la vida nacional.
El libro ‘Zikarón-Memoria. Judíos y militares bajo el terror del Plan Cóndor’, Ediciones Del Nuevo Extremo, no pretende erigirse en “la verdad” sino que se construye sobre el desafío de intentar reconstruir una historia sobre informaciones y testimonios desconocidos. Veamos algunas ideas que surgen de su lectura.

Hasta ahora lo que se sabe y se difunde, a grandes rasgos, es que la dictadura no fue antisemita en sí misma, sino que existieron bolsones de antisemitismo a los que se les adjudica responsabilidad sobre la máxima catástrofe de muertos y desaparecidos de argentinos de origen judío por fuera de los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA.

Y también se afirma que ninguna persona, en aquella época de plomo, fue secuestrada por su origen judío, sino que -en todo caso- una vez que era secuestrada y se la identificaba como tal, recibía dosis extras de tortura por su condición identitaria, así no fuera un activo militante de su colectividad.

En el “Informe sobre la situación de los detenidos desaparecidos judíos durante el genocidio perpetrado en Argentina 1976-1983.”, publicado por el Centro de Estudios Sociales de la DAIA, que fuera entregado al juez Baltasar Garzón en España, la institución expresó que “el genocidio ocurrido en Argentina, pese a no ser un genocidio estrictamente planificado como anti-judío, afectó de muy diversas formas a la comunidad judía argentina”.

“… La comunidad judía fue afectada como parte de la comunidad argentina global: como miembros insertos en los diversos sectores de la sociedad, fueron afectados en su carácter de ciudadanos argentinos. Pero la comunidad judeo-argentina sufrió también en forma particular, tanto durante el secuestro y ‘desaparición’ de las personas judías como durante su estadía en los centros de detención, donde numerosos testimonios denuncian el ‘tratamiento especial’ al que fueron sometidas las víctimas judías…”.

Se puede acudir a escritos y documentos en los que no se reconocía el antisemitismo central del poder cívico-militar de aquella época.

Veamos algunos ejemplos:

1977. DAIA: “El antisemitismo no es una política de gobierno”

En un documento desclasificado por el Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos -Documento: 1977Buenos08258, del 3 de noviembre de 1977- se informa que la DAIA ratifica ante los veteranos de guerra judíos americanos Herman Moses y Ainslee Ferdie que el antisemitismo no era “una política de gobierno”.

El despacho desclasificado indica que: “… Representantes de la DAIA, organización judía local, reiteraron a las visitas que el antisemitismo no es una política de gobierno y que ellos prefieren manejar localmente los temas vinculados al antisemitismo, sin la interferencia potencialmente peligrosa y la presión de los judíos estadounidenses…”.

1978. Kovadloff: “La comunidad judía está en un período de florecimiento”

En un reportaje aparecido en la revista israelí ‘Semana’, del 12 de septiembre de 1978, quien fuera director de la Oficina Latinoamericana del American Jewish Committee (AJC), Jacobo Kovadloff (fallecido el año pasado), afirmó que “la comunidad (judía) en su mayoría no cree en el peligro del antisemitismo… objetivamente la vida judía se desarrolla normalmente, hasta puede decirse que se encuentra en un período de florecimiento: las escuelas judías están llenas; las sinagogas ofrecen dos servicios para los ‘Iamim Noraim’…; se han abierto nuevas ‘ieshivot’… la mayor parte de la gente afectada por persecuciones lo es, a veces justamente y a veces con arbitrariedad, so pretexto de su pertenencia a la guerrilla”.

La DAIA y el establishment judío en general afirmaron sistemáticamente, en otras palabras, que nadie fue secuestrado por su condición de judío sino que fueron afectados “como parte de la comunidad argentina global”, pero que sí recibieron un trato especial por su filiación identitaria.

Ante la realidad de 1500, 1800 ó 2000 desaparecidos argentinos de origen judío, sólo cabe preguntarse por qué minimizaron el antisemitismo de la dictadura cívico-militar.

A tal punto descartaron esa persecución que han instalado esa ‘verdad oficial’ como ‘verdad institucionalizada’. El 2 de diciembre de 2007 -cuando la AMIA inauguró el Monumento recordatorio a las víctimas judías del terrorismo de Estado en el cementerio israelita de La Tablada- el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, en su discurso afirmó también que “… es tan cierto que nadie o casi nadie fue víctima elegida por ser judío, como es cierto también que el ser judío significó que sus captores aplicaran mayor ferocidad en las torturas, en su condición de prisionero y en la decisión de su muerte, haciendo palpable la genealogía del racismo y de la xenofobia que anidaba en sus mentes”.

Junto a sus planes de saqueo, destrucción y planificación política y económica, los militares plantaron el huevo de la serpiente y a pesar de algunos anuncios, la dirigencia judía local parece que no logró identificarlos o cerró los ojos para no ver la tragedia que se avecinaba.

La brecha abierta ante este tipo de laxitud política, entre lo que hicieron y sucedió efectivamente, produjo que se colaran esas 2.000 almas, que no son otra cosa que 2.000 esperanzas, 2.000 oportunidades perdidas para el ejercicio de otro tipo de acciones de una dirigencia que no supo, no pudo o no quiso ver y hacer otra cosa.

Señales para ejercer otro tipo de acciones existieron. Veamos algunos ejemplos:

- Entre octubre y noviembre de 1975 una comitiva de la DAIA se reunió secretamente con el almirante Eduardo Massera quien les anunció que el golpe se venía, en fecha a definir. Este dato nunca fue hecho público ni por Nehemías Resnizky, entonces titular de la DAIA, ni por el mediador del encuentro, Jacobo Kovadloff, quien los recibió a todos en su domicilio particular.

- La DAIA recibió una cantidad significativa de denuncias que podían hacer sospechar, al menos, sobre un plan sistemático de represión y no meras casualidades puntuales.

- La sobrerepresentación de secuestros de empresarios judíos.

Para Leonardo Senkman, lo que él llama “antisemitismo cultural” parece haberles jugado una mala pasada: “la dirigencia manejaba conceptos clásicos de antisemitismo y las desapariciones o la estadía en los centros clandestinos no revestían formas tradicionales. Para ellos antisemitismo era el de Tacuara, López Rega o las notas de la revista Cabildo”.

Para Marcos Weinstein, padre de Fabián, la dirigencia “se comportó como una estructura de poder que pensó que si los grupos represivos del Estado no atacaban a las organizaciones, no había pedradas, pintadas o rotura de vidrios, entonces no podía hablarse de antisemitismo”.

En cambio el periodista Herman Schiller consideró que “la DAIA era el emergente de un pensamiento comunitario. Para el judaísmo oficial eran terroristas que estaban en la otra vereda de su causa”.

Bernardo Faín, uno de los dos funcionarios de la DAIA que recibía las denuncias de los familiares de los secuestrados, da también su versión de esa relación entre los familiares y la institución: “la DAIA no era un consultorio de psicoanálisis, no era una institución de contención de las personas que pierden a sus seres queridos. Su función era tomar nota, pero no era la de oficiar de contenedor”.Ante la consulta del motivo de esas anotaciones, Faín responde que lo hacían “para evaluar si el ataque era esencialmente judío. Pero en lo que hace a la esencia no lo era”.
Faín, antes de ingresar como funcionario de la DAIA trabajó en lo que él mismo denominó el “interregno cívico militar conducido por el presidente José María Guido”, y años más tarde permaneció como Presidente del Tribunal de Cuentas de Neuquén entre 1972 y 1977 (en un artículo suyo publicado en el Diario Río Negro, del 13 de octubre de 2003, se lo presenta, entre otras cosas, como “asesor general de la Gobernación del Neuquén y apoderado judicial de la provincia, entre 1963 y 1966, Presidente del Tribunal de Cuentas, entre 1972 y 1977”) atravesando otra parte del espacio histórico de la Argentina cívico-militar liderada, en este último tramo, por el general Jorge Rafael Videla.

Para dejarlo más claro aún: una de las dos personas que tomaba nota de las denuncias de los familiares venía de trabajar en un gobierno provincial de la dictadura cívico-militar. También hay que aclarar que Faín no tiene ni tuvo acusaciones o denuncias de involucramiento en violaciones a los derechos humanos.

“Los desaparecidos estaban desaparecidos junto a los que no eran judíos. Hay situaciones que no son específicamente judías”, explicó Faín.
 

- ¿Y si la persona no fue desaparecida por judía, qué hacía la DAIA?, le consulto.
 

- La pregunta es: ¿En qué medida debía involucrarse a toda la comunidad?
 

Faín fue brutalmente honesto conmigo y con él mismo. De acuerdo o no con sus dichos, parece haber definido el pensamiento institucional de aquella época.
 

¿Cómo se comprende, sino, que hoy, a 34 años un golpe de Estado que hasta hoy expone sus secuelas, las instituciones centrales -salvo la AMIA desde la época de Abraham Kaul- no hayan hecho una autocrítica seria, responsable y que se encamine a reconciliarse con un sector de la comunidad judía que sigue considerando insuficiente su trabajo de reflexión sobre aquella era de plomo y muerte?
 

Ya tuvieron 2.000 oportunidades perdidas, quién sabe cuántas más tendrán ante la conciencia viva de los familiares, fundamentalmente los padres de aquellos jóvenes para quienes el tiempo también sigue corriendo.

 

* Autor del libro. Periodista
 

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